Ante la fragilidad de la palabra oral, y a efecto de fortalecer las relaciones sociales, es necesario el uso de documentos para llevar el pensamiento y voluntad de una persona en otro tiempo y espacio, por lo cual, resulta indispensable proteger estos instrumentos y castigar a través del Derecho penal su falsifi cación. La persona que falsifi ca un documento lo hace para engañar a otro y con dicha acción obtener algo distinto a la propia falsifi cación; en otras palabras, quien realiza una falsifi cación documental no lo hace por la falsifi cación en sí misma, sino que tiene otro objetivo. Por tales motivos, el delito de falsifi cación de documentos se eleva como un acto ejecutivo de otros delitos, pues es a través de tal acción falsaria que se puede lograr consumar un fraude, una usurpación de profesión, un sentencia contra derecho, una usurpación de identidad, entre otros; sin embargo, esta premisa no ha sido entendida por nuestro legislador federal que ha creado más de 100 tipos penales en leyes especiales, que castigan una misma conducta consistente en una falsifi cación documental, haciéndolas diferentes con la aplicación de una pena distinta de acuerdo a su fi nalidad, olvidando así los principios fundamentales del Derecho penal que rigen a nuestro sistema jurídico. El lector a través de esta obra podrá constatar que existe una violación al principio de proporcionalidad toda vez que la falsifi cación de documentos privados se castiga con una pena máxima en el Código Penal Federal de 5 años de prisión y en algunas leyes especiales la misma conducta se castiga hasta con 15 años de prisión. De igual forma, el lector se percatará de que las falsifi caciones documentales previstas en las leyes federales son innecesarias.
