El dolor forma parte de una gran cantidad de padecimientos que sufrimos los seres humanos. Independientemente de si amenazan o no la vida, aquél tiene repercusiones en diversos ámbitos. Al afectar la capacidad de las personas para realizar sus actividades cotidianas, el dolor tiene importantes consecuencias físicas y psicológicas a nivel personal. Éstas, a su vez, cambian las relaciones familiares y sociales e, incluso, tienen un impacto significativo en la economía de un país. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la forma en que el Sistema Nacional de Salud mexicano trata el dolor como problema de salud pública tomando en cuenta las necesidades existentes, tos derechos humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de tos que el Estado mexicano es parte, la legislación nacional, las disposiciones administrativas que proveen a su observancia y las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la materia. Lo anterior se realiza con el fin de determinar si el marco jurídico aplicable al tratamiento del dolor establece las condiciones necesarias para garantizar que quienes lo requieran tengan acceso efectivo a él, en entendido de que es parte del contenido del derecho a la salud.